Declaración pública
Exigimos poner fin a violencia femicida en América Latina y el Caribe
Ante los abominables femicidios ocurridos en días recientes en México, afectando, entre otras mujeres, a las defensoras y activistas de derechos humanos Marisela Escobedo y Susana Chávez, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, como instancia regional que articula al movimiento de salud de las mujeres, manifiesta su indignación, desazón y rabia frente a los nuevos hechos de violencia machista que siguen engrosando la dolorosa estadística de crímenes contra mujeres en ese país.
México, sin embargo, no es el único escenario donde a diario las mujeres y las niñas, en su más amplia diversidad, continúan siendo asesinadas, torturadas, violadas, mutiladas, traficadas, abusadas y humilladas por el sólo hecho de serlo. En cada rincón de nuestro planeta, comprobamos cotidianamente la existencia de esta violencia brutal que busca someter a las mujeres y subordinarlas al poder patriarcal, incluso a través de la muerte.
Y para que esto siga ocurriendo, existen numerosos responsables: Estados que omiten e incumplen su deber de garantizar la vida y los derechos humanos consagrados de las mujeres, sistemas de justicia inoperantes y corruptos que fallan reiteradamente en identificar, perseguir y castigar a los culpables, además de una sociedad entera que ha permitido el uso y abuso del cuerpo de la mujer, cosificándola como mero objeto. Una sociedad que, sobre todo, ha normalizado y naturalizado la existencia de la violencia sexista como si fuera una circunstancia propia del hecho de ser mujer.
México es un caso emblemático, como lo es Guatemala y otras naciones de nuestra región, donde desde hace años venimos asistiendo a la más brutal escalada de violencia contra las mujeres, fenómeno que no puede desligarse de la agudización de los conflictos sociales en el marco de la globalización capitalista neoliberal, y donde el incremento de los femicidios constituye un clarísimo indicador sobre la exacerbación de la violencia material y simbólica que recae sobre los cuerpos de las mujeres.
En este mismo contexto, es necesario hacer visible que las mafias del crimen organizado del narcotráfico, su estrecha connivencia con los aparatos de poder, además de la puesta en marcha de políticas de seguridad nacional para enfrentar dicho crimen que de hecho se desarrollan como ocupación militar y policial de territorios, no han hecho sino profundizar el ejercicio de la violencia sexista con una crueldad pocas veces conocida, y cuyas víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes de escasos recursos.
Y, por su parte, las defensoras de derechos humanos son especialmente hostigadas, amenazadas y asesinadas, en un intento por acallar sus voces las que, sin embargo, seguirán siempre presentes en nuestra memoria.
Por todo ello:
· Hacemos un URGENTE LLAMADO DE ACCIÓN REGIONAL PERMANENTE PARA EXIGIR A NUESTROS GOBIERNOS QUE PONGAN UN ALTO A LA VIOLENCIA MACHISTA, entreguen toda la protección y reparación necesarias a las víctimas y sus familias, sancionen severamente a los culpables. Y avancen, también, a las transformaciones socioculturales necesarias para desnaturalizar la violencia contra las mujeres, abordando el gran desafío ético y político de desestructurar los sistemas de poder que hoy se confabulan para hacer de la violencia sexista un fenómeno cotidiano.
· Pedimos, además, hacer llegar cartas urgentes de protesta al Presidente de México, Felipe Calderón, exhortándolo a cumplir con su deber ineludible de proteger la vida y los derechos de las mujeres y las niñas, tal como lo exigen los instrumentos de derechos humanos de los que México es signatario. El correo electrónico para estos efectos es: correofjch@presidencia.gob.mx.
· Pueden hacer uso de esta declaración como base para redactar sus cartas.
· Entregar una copia de estas cartas a los Presidentes y Presidentas de sus respectivos países, así como también a las Ministras o Directoras de la Mujer.
· Este lunes 17 de enero, a las 10 de la mañana, por último, se ha llamado a una PROTESTA MUNDIAL FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO. Es otra oportunidad para hacer llegar la carta dirigida al Pdte. Calderón y para sensibilizar a la opinion pública.
¡Por la vida de las mujeres, basta de femicidios, basta de violencia machista!
Santiago, Chile, 13 de enero, 2011
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
Rede Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos , Brasil
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., México
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Paraguay
Tierra Viva, Guatemala
Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití
Si, Mujer, Colombia
Mostrando entradas con la etiqueta FEMINICIDIOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta FEMINICIDIOS. Mostrar todas las entradas
viernes, 14 de enero de 2011
miércoles, 15 de diciembre de 2010
MUJERES EXIGEN RESULTADOS EN CIUDAD JUAREZ
EN EL MARCO DEL FORO
Exigimos resultados:
Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez.
Realizado en el Colegio de la Frontera Norte el 10 de Diciembre 2010
Cd Juárez, Chihuahua. México
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que habían sido desaparecidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares. La sentencia, a través de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta ciudad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en el Campo Algodonero, sino también a la información y los hechos documentados desde 1993.
La condena implica reparaciones que incluyen acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993. Sin embargo, los hechos que se han sucedido en este año 2010, que debía ser el primer año de implementar las medidas de la sentencia de Campo Algodonero, son más graves que cualquiera de los años de las casi dos décadas que analizó la Corte. La impunidad y la simulación en las acciones respecto de los derechos de las mujeres no disminuyen, todo lo contrario se agravan. Se agravan en dos sentido centrales:
La impunidad tiene nuevos argumentos de justificación a través de la guerra que el gobierno ah denominado contra el crimen, pero que en la realidad la sociedad vive en su contra, y que vuelve a afectar a las mujeres de manera específica y con efectos desproporcionados en el menoscabo de sus derechos en referencia con los hombres.
La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados los sujetos que están vinculados con el crimen organizado, generando desde ahí divisiones entre los grupos afectados por la guerra. Pero en realidad los grupos de sujetos que se encuentran en alto riesgo, ya no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan. También otros jóvenes, también otros defensores. Ahora abarca a los médicos y a la comunidad universitaria, a grandes y pequeños empresarios, continúa contra las trabajadoras y se renueva contra las mujeres en las relaciones familiares y en la comunidad. LA realidad es que la sociedad toda es afectada por la impunidad, la simulación y la violencia que ejercen las instituciones.
Ante las masacres en contra de jóvenes en Villas de Salvarcar, al inicio de este año, y que son en sí mismas resultado de la errónea política de desarrollo y seguridad de las autoridades, se implementó la estrategia “Todos somos Juárez”. Así como las campañas por limpiar la imagen de Juárez, en las que se sigue afirmando que el feminicidio es un mito, en este caso es necesario reflexionar y evidenciar quienes son los sujetos incluidos la estrategia “Todos somos Juárez”.
Desde los primeros días de trabajo con la Presidencia y las autoridades, en los que quitaron la mesa de derechos humanos, no estamos incluidos en el “todos” quienes nos hemos organizado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tampoco están en el “todos” los jóvenes por quienes supuestamente se creó el plan, pues desde la primera visita del Presidente a esta ciudad fueron golpeados y amedrentados por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno al expresar su opinión. Tal como y cómo lo vivimos en los últimos meses, tampoco están los jóvenes universitarios, a quienes los agentes de seguridad pública les dispararon por la espalda ante su protesta y denuncia pacífica.
En el “todos” no están las madres de los jóvenes de Salvarcar o de horizontes del Sur, ni las familias de las mujeres desaparecidas desde 1993, ni los hijos e hijas huérfanos o desplazados, ni quienes han sido secuestrados y extorsionados en los últimos años. Tampoco están las y los periodistas asesinados, ni aquellos censurados. Tampoco estamos todas aquellas personas que levantamos la voz para exigir los derechos que nos corresponden ni aquellas personas que hacemos propuestas, desde las mujeres, para mejorar la condición de todas las personas.
Porque estos 20 años de feminicidio en Ciudad Juárez no han pasado sin propuestas y sin una intensa actividad de nuestra parte para restaurar el Estado de derecho y construir condiciones de desarrollo social y de democracia. La sentencia de Campo Algodonero es prueba de ello. Cada uno de sus resolutivos dan pautas precisas para terminar con la impunidad y la simulación que ha sostenido el feminicidio y que ahora resquebraja todos los espacios y sujetos sociales.
La simulación se sustenta en respuestas simplistas, en las que el Estado afirma reparar los daños dando acceso parcial a los derechos que de por sí nos corresponden. Simula al afirmar que quienes hacemos cualquier crítica y propuesta diferente a la suya estamos en su contra y en contra de la sociedad.
La simulación sustenta la impunidad. No sólo no investiga los oprobios contra la sociedad, sino que mantiene a los funcionarios corruptos y negligentes. La simulación y la impunidad deja inoperantes la leyes que hemos aprobado. Tenemos en nuestras leyes una Alerta de Género que no ha sido implementada para Ciudad Juárez, pero sin ningún sustento se nos impone un plan como la estrategia “Todos somos Juárez”.
Denunciamos de nueva cuenta que el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades, por un lado se aprueba leyes que le permiten aparentar ante la comunidad internacional, pues no las aplica. Y por otro lado aprueba leyes y prácticas que depredan los derechos laborales, civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía y desde ahí sostiene una política y cultura de terror que sólo beneficia a unos cuantos que se arropan en la palabra “todos”.
La gran mayoría de quienes ocupan los cargos de representación popular y que operan las instituciones que dan certeza jurídica, han dejado de representar los intereses de la sociedad. No estamos diciendo que nosotros mismos tengamos intereses idénticos, pero todos los que estamos aquí seguimos los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Todas y todos los que estamos aquí exigimos esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades para todas las personas. “Todas” nombrando la diversidad y especificidad de las personas, no un “todos” que sólo arropa a los que piensan como los que están en los cargos del Estado y del crimen organizado.
Las propuestas, mecanismos, alternativas para salir de esta guerra y de este feminicidio ya están dadas, sólo falta la voluntad efectiva de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Mientras eso sucede, es necesario decir, retomando las palabras de la Corte Interamericana, que el único responsable de la pérdida de vidas y de la guerra que se ejerce contra de la población civil es el propio Estado mexicano, que incumple sus obligaciones más básicas de preservar la vida y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres que integran su sociedad.
Imelda Marrufo Nava. / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
52+(656) 307 37 48
Cd. Juárez, Chih., Mex
Exigimos resultados:
Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez.
Realizado en el Colegio de la Frontera Norte el 10 de Diciembre 2010
Cd Juárez, Chihuahua. México
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que habían sido desaparecidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares. La sentencia, a través de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta ciudad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en el Campo Algodonero, sino también a la información y los hechos documentados desde 1993.
La condena implica reparaciones que incluyen acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993. Sin embargo, los hechos que se han sucedido en este año 2010, que debía ser el primer año de implementar las medidas de la sentencia de Campo Algodonero, son más graves que cualquiera de los años de las casi dos décadas que analizó la Corte. La impunidad y la simulación en las acciones respecto de los derechos de las mujeres no disminuyen, todo lo contrario se agravan. Se agravan en dos sentido centrales:
La impunidad tiene nuevos argumentos de justificación a través de la guerra que el gobierno ah denominado contra el crimen, pero que en la realidad la sociedad vive en su contra, y que vuelve a afectar a las mujeres de manera específica y con efectos desproporcionados en el menoscabo de sus derechos en referencia con los hombres.
La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados los sujetos que están vinculados con el crimen organizado, generando desde ahí divisiones entre los grupos afectados por la guerra. Pero en realidad los grupos de sujetos que se encuentran en alto riesgo, ya no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan. También otros jóvenes, también otros defensores. Ahora abarca a los médicos y a la comunidad universitaria, a grandes y pequeños empresarios, continúa contra las trabajadoras y se renueva contra las mujeres en las relaciones familiares y en la comunidad. LA realidad es que la sociedad toda es afectada por la impunidad, la simulación y la violencia que ejercen las instituciones.
Ante las masacres en contra de jóvenes en Villas de Salvarcar, al inicio de este año, y que son en sí mismas resultado de la errónea política de desarrollo y seguridad de las autoridades, se implementó la estrategia “Todos somos Juárez”. Así como las campañas por limpiar la imagen de Juárez, en las que se sigue afirmando que el feminicidio es un mito, en este caso es necesario reflexionar y evidenciar quienes son los sujetos incluidos la estrategia “Todos somos Juárez”.
Desde los primeros días de trabajo con la Presidencia y las autoridades, en los que quitaron la mesa de derechos humanos, no estamos incluidos en el “todos” quienes nos hemos organizado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tampoco están en el “todos” los jóvenes por quienes supuestamente se creó el plan, pues desde la primera visita del Presidente a esta ciudad fueron golpeados y amedrentados por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno al expresar su opinión. Tal como y cómo lo vivimos en los últimos meses, tampoco están los jóvenes universitarios, a quienes los agentes de seguridad pública les dispararon por la espalda ante su protesta y denuncia pacífica.
En el “todos” no están las madres de los jóvenes de Salvarcar o de horizontes del Sur, ni las familias de las mujeres desaparecidas desde 1993, ni los hijos e hijas huérfanos o desplazados, ni quienes han sido secuestrados y extorsionados en los últimos años. Tampoco están las y los periodistas asesinados, ni aquellos censurados. Tampoco estamos todas aquellas personas que levantamos la voz para exigir los derechos que nos corresponden ni aquellas personas que hacemos propuestas, desde las mujeres, para mejorar la condición de todas las personas.
Porque estos 20 años de feminicidio en Ciudad Juárez no han pasado sin propuestas y sin una intensa actividad de nuestra parte para restaurar el Estado de derecho y construir condiciones de desarrollo social y de democracia. La sentencia de Campo Algodonero es prueba de ello. Cada uno de sus resolutivos dan pautas precisas para terminar con la impunidad y la simulación que ha sostenido el feminicidio y que ahora resquebraja todos los espacios y sujetos sociales.
La simulación se sustenta en respuestas simplistas, en las que el Estado afirma reparar los daños dando acceso parcial a los derechos que de por sí nos corresponden. Simula al afirmar que quienes hacemos cualquier crítica y propuesta diferente a la suya estamos en su contra y en contra de la sociedad.
La simulación sustenta la impunidad. No sólo no investiga los oprobios contra la sociedad, sino que mantiene a los funcionarios corruptos y negligentes. La simulación y la impunidad deja inoperantes la leyes que hemos aprobado. Tenemos en nuestras leyes una Alerta de Género que no ha sido implementada para Ciudad Juárez, pero sin ningún sustento se nos impone un plan como la estrategia “Todos somos Juárez”.
Denunciamos de nueva cuenta que el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades, por un lado se aprueba leyes que le permiten aparentar ante la comunidad internacional, pues no las aplica. Y por otro lado aprueba leyes y prácticas que depredan los derechos laborales, civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía y desde ahí sostiene una política y cultura de terror que sólo beneficia a unos cuantos que se arropan en la palabra “todos”.
La gran mayoría de quienes ocupan los cargos de representación popular y que operan las instituciones que dan certeza jurídica, han dejado de representar los intereses de la sociedad. No estamos diciendo que nosotros mismos tengamos intereses idénticos, pero todos los que estamos aquí seguimos los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Todas y todos los que estamos aquí exigimos esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades para todas las personas. “Todas” nombrando la diversidad y especificidad de las personas, no un “todos” que sólo arropa a los que piensan como los que están en los cargos del Estado y del crimen organizado.
Las propuestas, mecanismos, alternativas para salir de esta guerra y de este feminicidio ya están dadas, sólo falta la voluntad efectiva de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Mientras eso sucede, es necesario decir, retomando las palabras de la Corte Interamericana, que el único responsable de la pérdida de vidas y de la guerra que se ejerce contra de la población civil es el propio Estado mexicano, que incumple sus obligaciones más básicas de preservar la vida y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres que integran su sociedad.
Imelda Marrufo Nava. / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
52+(656) 307 37 48
Cd. Juárez, Chih., Mex
sábado, 30 de octubre de 2010
EXIGENCIA FEMINISTA A LA CAMARA X FEMINICIDIOS
Ciudad de México, 29 de Octubre, 2010
Dip. Teresa Inchaustegui Romero
Presidenta de la Comisión Especial
“Para Conocer y dar Seguimiento Puntual
y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido
las autoridades competentes en Relación a los
Feminicidios Registrados en México”.
LXI Legislatura
P R E S E N T E
Las sucesivas matanzas sucedidas esta semana en el país son un claro signo de la crisis social y política que se ha agudizado con la guerra contra el narcotráfico. Grupos de hombres armados matan impunemente a hombres, jóvenes y mujeres.
Ciudad Juárez como han señalado organismos defensores de los derechos humanos y de las mujeres es ya una zona de guerra sin reglas de guerra ni la mínima protección necesaria para la población . En la guerra, mueren muchos pero las mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Ya se han denunciado violaciones tumultuarias en Ciudad Juárez y ayer se dio una masacre de trabajadoras de la maquila. Es intolerable que esto suceda sin que haya una inmediata respuesta de las autoridades.
Desde hace ya más de 7 años funcionan en distintos niveles de gobierno instancias encargadas de "prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres" en Ciudad Juárez (primero) y en el resto del país. Mucho se ha dicho y mucho se ha gastado y poco o nada se ha logrado. Actualmente existen por lo menos dos instancias que deben ocuparse de este problema: la CONAVIM y la FEVIMTRA. Asimismo, en Ciudad Juárez, Chihuahua y el resto del país, están encargadas de prevenir, sancionar el delito procuradurías, policías y cuerpos del "orden". Al parecer han sido incapaces de prever y prevenir actos como la masacre de trabajadoras y desde luego no han mostrado estar planeando algún programa de política integral. En algunos casos se siguen haciendo diagnósticos como si no existieran ya estudios serios sobre la violencia en Ciudad Juárez y otras regiones.
No es hora de lamentaciones y condenas inútiles ni de nuevas iniciativas en papel, es hora de acciones concretas en defensa de la vida de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez y de sus familias. El gobierno federal, estatal y municipal DEBEN cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus vidas.
Nuestras organizaciones expresan su solidaridad y acompañamos en su tristeza a las y los familiares de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras, víctimas de esta guerra.
Dado su trabajo de seguimiento al feminicidio (que ha continuado) en Ciudad Juárez, le solicitamos que como representante ciudadana, la Comisión que usted dignamente preside:
1.Exija a la Procuraduría de Chihuahua una investigación a fondo de la masacre, con el compromiso de no recurrir a chivos expiatorios como ha sucedido antes. Las investigaciones deberán ser realizadas con profesionalismo y con pruebas científicas e indudables que permitan dar certidumbre a la ciudadanía y sancionar a los verdaderos asesinos.
2.Exigir a la PGR, CISEN, SSP, SEDENA que presenten un plan concreto de protección a la población civil, en particular a las mujeres. Este deberá incluir o coordinarse con un plan emergente de apoyo psicológico y físico de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera.
3. Se investigue a fondo las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas y las fuerzas armadas y que deben castigarse.
4.Convocar de inmediato a las encargadas de CONAVIM y FEVIMTRA en audiencias publicas para que rindan cuentas de sus acciones. En su caso, urgirlas a establecer en un plazo máximo de un mes acciones concretas que cuenten con el acuerdo de las organizaciones de defensa de las mujeres que desde hace años trabajan en Ciudad Juárez. En caso de que estas instancias no puedan cumplir con su cometido, sería útil que se evaluara si deben seguirse gastando en ellas recursos públicos.
5.Solicitar de inmediato la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas con el envío de una relatora especial que contribuya a darle al problema la relevancia que tiene.
6. Evaluar en conjunto con las organizaciones de Ciudad Juárez, académicos y especialistas en violencia y en conflictos de guerra la petición de envío de fuerzas de la Organización de Naciones Unidas a Ciudad Juárez.
7. Solicitar a la SEP un informe de las acciones que ha puesto en marcha a partir de la iniciativa "Todos somos Juárez" e instar a esta Secretaría a garantizar un incremento de instalaciones y programas educativos en los próximos 26 meses, de modo que los jóvenes tengan opciones reales de educación.
Todas las medidas que se tomen han de acordarse con las organizaciones de Ciudad Juárez y Chihuahua. Han hecho ya denuncias y peticiones concretas con las que nos solidarizamos.
Organizaciones y personas integrantes del Grupo Derecho a Decidir.
Lucía Melgar; Elsa Conde; Marta Tagle Martínez; Nadia Sierra; Julia Escalante; Angélica Nadurille; Lesley Alexia Ramírez; Karla Ramírez; Edith Mariela Castro Flores; Julieta Hernández Camargo; Ana Lidia Murillo Camacho; Mónica Jasis; Teresa Shields; Francisco Malagamba; Mariana Winocur; Tania Robledo Banda; María Eugenia Romero, Sandra Peniche; Verónica Cruz; Lucía Lagunes Huerta; Susana Lerner; Rocío García Olmedo.
AQUESEX, AC - Querétaro; Mujeres por una Binacionalidad Digna, AC - Zacatecas; Colectiva Ciudad y Género, AC; Ipas México, AC; Sí hay mujeres en Durango, AC; Grupo Feminista 8 de Marzo, AC; Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Centro Mujeres, AC; Centro Mujeres Graciela Hierro, AC; Programa de Jóvenes en Acción-BCS; Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC (GIRE); APIS Fundación para la Equidad, AC; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC; Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, AC; Centro Las Libres de Información en Salud Sexual -Región Centro, AC; Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – OCNF; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC.
Dip. Teresa Inchaustegui Romero
Presidenta de la Comisión Especial
“Para Conocer y dar Seguimiento Puntual
y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido
las autoridades competentes en Relación a los
Feminicidios Registrados en México”.
LXI Legislatura
P R E S E N T E
Las sucesivas matanzas sucedidas esta semana en el país son un claro signo de la crisis social y política que se ha agudizado con la guerra contra el narcotráfico. Grupos de hombres armados matan impunemente a hombres, jóvenes y mujeres.
Ciudad Juárez como han señalado organismos defensores de los derechos humanos y de las mujeres es ya una zona de guerra sin reglas de guerra ni la mínima protección necesaria para la población . En la guerra, mueren muchos pero las mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Ya se han denunciado violaciones tumultuarias en Ciudad Juárez y ayer se dio una masacre de trabajadoras de la maquila. Es intolerable que esto suceda sin que haya una inmediata respuesta de las autoridades.
Desde hace ya más de 7 años funcionan en distintos niveles de gobierno instancias encargadas de "prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres" en Ciudad Juárez (primero) y en el resto del país. Mucho se ha dicho y mucho se ha gastado y poco o nada se ha logrado. Actualmente existen por lo menos dos instancias que deben ocuparse de este problema: la CONAVIM y la FEVIMTRA. Asimismo, en Ciudad Juárez, Chihuahua y el resto del país, están encargadas de prevenir, sancionar el delito procuradurías, policías y cuerpos del "orden". Al parecer han sido incapaces de prever y prevenir actos como la masacre de trabajadoras y desde luego no han mostrado estar planeando algún programa de política integral. En algunos casos se siguen haciendo diagnósticos como si no existieran ya estudios serios sobre la violencia en Ciudad Juárez y otras regiones.
No es hora de lamentaciones y condenas inútiles ni de nuevas iniciativas en papel, es hora de acciones concretas en defensa de la vida de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez y de sus familias. El gobierno federal, estatal y municipal DEBEN cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus vidas.
Nuestras organizaciones expresan su solidaridad y acompañamos en su tristeza a las y los familiares de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras, víctimas de esta guerra.
Dado su trabajo de seguimiento al feminicidio (que ha continuado) en Ciudad Juárez, le solicitamos que como representante ciudadana, la Comisión que usted dignamente preside:
1.Exija a la Procuraduría de Chihuahua una investigación a fondo de la masacre, con el compromiso de no recurrir a chivos expiatorios como ha sucedido antes. Las investigaciones deberán ser realizadas con profesionalismo y con pruebas científicas e indudables que permitan dar certidumbre a la ciudadanía y sancionar a los verdaderos asesinos.
2.Exigir a la PGR, CISEN, SSP, SEDENA que presenten un plan concreto de protección a la población civil, en particular a las mujeres. Este deberá incluir o coordinarse con un plan emergente de apoyo psicológico y físico de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera.
3. Se investigue a fondo las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas y las fuerzas armadas y que deben castigarse.
4.Convocar de inmediato a las encargadas de CONAVIM y FEVIMTRA en audiencias publicas para que rindan cuentas de sus acciones. En su caso, urgirlas a establecer en un plazo máximo de un mes acciones concretas que cuenten con el acuerdo de las organizaciones de defensa de las mujeres que desde hace años trabajan en Ciudad Juárez. En caso de que estas instancias no puedan cumplir con su cometido, sería útil que se evaluara si deben seguirse gastando en ellas recursos públicos.
5.Solicitar de inmediato la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas con el envío de una relatora especial que contribuya a darle al problema la relevancia que tiene.
6. Evaluar en conjunto con las organizaciones de Ciudad Juárez, académicos y especialistas en violencia y en conflictos de guerra la petición de envío de fuerzas de la Organización de Naciones Unidas a Ciudad Juárez.
7. Solicitar a la SEP un informe de las acciones que ha puesto en marcha a partir de la iniciativa "Todos somos Juárez" e instar a esta Secretaría a garantizar un incremento de instalaciones y programas educativos en los próximos 26 meses, de modo que los jóvenes tengan opciones reales de educación.
Todas las medidas que se tomen han de acordarse con las organizaciones de Ciudad Juárez y Chihuahua. Han hecho ya denuncias y peticiones concretas con las que nos solidarizamos.
Organizaciones y personas integrantes del Grupo Derecho a Decidir.
Lucía Melgar; Elsa Conde; Marta Tagle Martínez; Nadia Sierra; Julia Escalante; Angélica Nadurille; Lesley Alexia Ramírez; Karla Ramírez; Edith Mariela Castro Flores; Julieta Hernández Camargo; Ana Lidia Murillo Camacho; Mónica Jasis; Teresa Shields; Francisco Malagamba; Mariana Winocur; Tania Robledo Banda; María Eugenia Romero, Sandra Peniche; Verónica Cruz; Lucía Lagunes Huerta; Susana Lerner; Rocío García Olmedo.
AQUESEX, AC - Querétaro; Mujeres por una Binacionalidad Digna, AC - Zacatecas; Colectiva Ciudad y Género, AC; Ipas México, AC; Sí hay mujeres en Durango, AC; Grupo Feminista 8 de Marzo, AC; Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Centro Mujeres, AC; Centro Mujeres Graciela Hierro, AC; Programa de Jóvenes en Acción-BCS; Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC (GIRE); APIS Fundación para la Equidad, AC; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC; Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, AC; Centro Las Libres de Información en Salud Sexual -Región Centro, AC; Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – OCNF; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
