EVITAN DECLARAR ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
• La violencia feminicida no es un asunto prioritario para algunos estados del país: el mensaje
• La Procuraduría del Estado de México reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010
Ciudad de México, 11 de enero de 2011
Con 20 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación - se realizó ignorando todos los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres y convenciones que nuestro país ha signado en la materia, asimismo se quebranta la obligación de los todos los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en este país de defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Con esta decisión se demuestra que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario para la mayoría de las entidades del País, quienes protegen los intereses políticos de sus gobernantes lejos de establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas..
En la solicitud de Alerta de Género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; se sustentó con información oficial del propio Estado de México (Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros) que demuestra que existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia feminicida y un contexto de impunidad en estos casos.
Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del Estado de México que reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.
La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados se refiere a los 10 municipios más poblados siendo estos: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Cabe mencionar, además, que en el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país con los niveles más altos de violencia contra este grupo.
A pesar de los argumentos sólidos y contundentes a favor de la declaración de alerta de género, la votación en la que participaron las Representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.
Quienes se opusieron irracional e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.
La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en días inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales. Tales argumentos carecen de lógica jurídica y legitimidad.
Por su parte la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el Estado de México ni para su gobernador, puesto que se trata de un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Asimismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno, en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Martha Lucía Mícher Camarena llamó la atención de la razón de ser de los institutos e instancias de las mujeres en las entidades federativas para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, mismos que han costado una larga lucha de más de 30 años y llamó a no votar para incumplir la ley, sino para actuar en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con los Instrumentos en materia de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres y de conformidad con la reciente sentencia dictada en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras “Campo Algodonero” contra México.
La representante del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México aclaró que la función de las y los representantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es la de defender los derechos de todas las mujeres, al margen de consideraciones partidistas y de intereses de gobierno. De igual forma, precisó que el sentido último de la alerta es precisamente buscarque elacceso a la justicia sea eficaz y se actue con la debida diligencia para de esta manera garantizar los derechos humanos delas mujeres y niñas, es decir, facilitar -en un contexto de violencia sistemática- un mecanismo efectivo para que el Estado Mexicano cumpla con su obligación.
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está integrado por los mecanismos Estatales para el adelanto de las mujeres e Instancias del Gobierno Federal y Organismos Autónomos..
Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron entre otros: AguaCalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Michoacán,, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia se encuentran además de este Instituto, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, , la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los estados de Baja California y Guanajuato.
La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra. De haberse aprobado, el Gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas; sin embargo, al ser declarada como improcedente, el Gobierno mexiquense no está obligado a realizarlas, en perjuicio de las mujeres que viven o transitan por esa entidad.
Para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la negativa de iniciar el proceso de investigación de los hechos evidenciados por las organizaciones sociales sobre la violencia feminicida en el Estado de México, constituye un agravio contra las mujeres y niñas, contra la lucha en defensa de los Derechos Humanos y con la que se perpetua la impunidad y el rezago social.
Ante estos hechos nos preguntamos ¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente de violencia sistemática para las mujeres y niñas del Estado de México? ¿Cuál es el compromiso de las y los servidores que tienen en sus manos el generar mejores condiciones de vida para mujeres y niñas? ¿Qué duelo se puede elaborar por los familiares ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática?
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viernes, 14 de enero de 2011
miércoles, 15 de diciembre de 2010
MUJERES EXIGEN RESULTADOS EN CIUDAD JUAREZ
EN EL MARCO DEL FORO
Exigimos resultados:
Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez.
Realizado en el Colegio de la Frontera Norte el 10 de Diciembre 2010
Cd Juárez, Chihuahua. México
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que habían sido desaparecidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares. La sentencia, a través de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta ciudad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en el Campo Algodonero, sino también a la información y los hechos documentados desde 1993.
La condena implica reparaciones que incluyen acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993. Sin embargo, los hechos que se han sucedido en este año 2010, que debía ser el primer año de implementar las medidas de la sentencia de Campo Algodonero, son más graves que cualquiera de los años de las casi dos décadas que analizó la Corte. La impunidad y la simulación en las acciones respecto de los derechos de las mujeres no disminuyen, todo lo contrario se agravan. Se agravan en dos sentido centrales:
La impunidad tiene nuevos argumentos de justificación a través de la guerra que el gobierno ah denominado contra el crimen, pero que en la realidad la sociedad vive en su contra, y que vuelve a afectar a las mujeres de manera específica y con efectos desproporcionados en el menoscabo de sus derechos en referencia con los hombres.
La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados los sujetos que están vinculados con el crimen organizado, generando desde ahí divisiones entre los grupos afectados por la guerra. Pero en realidad los grupos de sujetos que se encuentran en alto riesgo, ya no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan. También otros jóvenes, también otros defensores. Ahora abarca a los médicos y a la comunidad universitaria, a grandes y pequeños empresarios, continúa contra las trabajadoras y se renueva contra las mujeres en las relaciones familiares y en la comunidad. LA realidad es que la sociedad toda es afectada por la impunidad, la simulación y la violencia que ejercen las instituciones.
Ante las masacres en contra de jóvenes en Villas de Salvarcar, al inicio de este año, y que son en sí mismas resultado de la errónea política de desarrollo y seguridad de las autoridades, se implementó la estrategia “Todos somos Juárez”. Así como las campañas por limpiar la imagen de Juárez, en las que se sigue afirmando que el feminicidio es un mito, en este caso es necesario reflexionar y evidenciar quienes son los sujetos incluidos la estrategia “Todos somos Juárez”.
Desde los primeros días de trabajo con la Presidencia y las autoridades, en los que quitaron la mesa de derechos humanos, no estamos incluidos en el “todos” quienes nos hemos organizado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tampoco están en el “todos” los jóvenes por quienes supuestamente se creó el plan, pues desde la primera visita del Presidente a esta ciudad fueron golpeados y amedrentados por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno al expresar su opinión. Tal como y cómo lo vivimos en los últimos meses, tampoco están los jóvenes universitarios, a quienes los agentes de seguridad pública les dispararon por la espalda ante su protesta y denuncia pacífica.
En el “todos” no están las madres de los jóvenes de Salvarcar o de horizontes del Sur, ni las familias de las mujeres desaparecidas desde 1993, ni los hijos e hijas huérfanos o desplazados, ni quienes han sido secuestrados y extorsionados en los últimos años. Tampoco están las y los periodistas asesinados, ni aquellos censurados. Tampoco estamos todas aquellas personas que levantamos la voz para exigir los derechos que nos corresponden ni aquellas personas que hacemos propuestas, desde las mujeres, para mejorar la condición de todas las personas.
Porque estos 20 años de feminicidio en Ciudad Juárez no han pasado sin propuestas y sin una intensa actividad de nuestra parte para restaurar el Estado de derecho y construir condiciones de desarrollo social y de democracia. La sentencia de Campo Algodonero es prueba de ello. Cada uno de sus resolutivos dan pautas precisas para terminar con la impunidad y la simulación que ha sostenido el feminicidio y que ahora resquebraja todos los espacios y sujetos sociales.
La simulación se sustenta en respuestas simplistas, en las que el Estado afirma reparar los daños dando acceso parcial a los derechos que de por sí nos corresponden. Simula al afirmar que quienes hacemos cualquier crítica y propuesta diferente a la suya estamos en su contra y en contra de la sociedad.
La simulación sustenta la impunidad. No sólo no investiga los oprobios contra la sociedad, sino que mantiene a los funcionarios corruptos y negligentes. La simulación y la impunidad deja inoperantes la leyes que hemos aprobado. Tenemos en nuestras leyes una Alerta de Género que no ha sido implementada para Ciudad Juárez, pero sin ningún sustento se nos impone un plan como la estrategia “Todos somos Juárez”.
Denunciamos de nueva cuenta que el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades, por un lado se aprueba leyes que le permiten aparentar ante la comunidad internacional, pues no las aplica. Y por otro lado aprueba leyes y prácticas que depredan los derechos laborales, civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía y desde ahí sostiene una política y cultura de terror que sólo beneficia a unos cuantos que se arropan en la palabra “todos”.
La gran mayoría de quienes ocupan los cargos de representación popular y que operan las instituciones que dan certeza jurídica, han dejado de representar los intereses de la sociedad. No estamos diciendo que nosotros mismos tengamos intereses idénticos, pero todos los que estamos aquí seguimos los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Todas y todos los que estamos aquí exigimos esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades para todas las personas. “Todas” nombrando la diversidad y especificidad de las personas, no un “todos” que sólo arropa a los que piensan como los que están en los cargos del Estado y del crimen organizado.
Las propuestas, mecanismos, alternativas para salir de esta guerra y de este feminicidio ya están dadas, sólo falta la voluntad efectiva de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Mientras eso sucede, es necesario decir, retomando las palabras de la Corte Interamericana, que el único responsable de la pérdida de vidas y de la guerra que se ejerce contra de la población civil es el propio Estado mexicano, que incumple sus obligaciones más básicas de preservar la vida y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres que integran su sociedad.
Imelda Marrufo Nava. / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
52+(656) 307 37 48
Cd. Juárez, Chih., Mex
Exigimos resultados:
Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez.
Realizado en el Colegio de la Frontera Norte el 10 de Diciembre 2010
Cd Juárez, Chihuahua. México
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que habían sido desaparecidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares. La sentencia, a través de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta ciudad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en el Campo Algodonero, sino también a la información y los hechos documentados desde 1993.
La condena implica reparaciones que incluyen acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993. Sin embargo, los hechos que se han sucedido en este año 2010, que debía ser el primer año de implementar las medidas de la sentencia de Campo Algodonero, son más graves que cualquiera de los años de las casi dos décadas que analizó la Corte. La impunidad y la simulación en las acciones respecto de los derechos de las mujeres no disminuyen, todo lo contrario se agravan. Se agravan en dos sentido centrales:
La impunidad tiene nuevos argumentos de justificación a través de la guerra que el gobierno ah denominado contra el crimen, pero que en la realidad la sociedad vive en su contra, y que vuelve a afectar a las mujeres de manera específica y con efectos desproporcionados en el menoscabo de sus derechos en referencia con los hombres.
La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados los sujetos que están vinculados con el crimen organizado, generando desde ahí divisiones entre los grupos afectados por la guerra. Pero en realidad los grupos de sujetos que se encuentran en alto riesgo, ya no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan. También otros jóvenes, también otros defensores. Ahora abarca a los médicos y a la comunidad universitaria, a grandes y pequeños empresarios, continúa contra las trabajadoras y se renueva contra las mujeres en las relaciones familiares y en la comunidad. LA realidad es que la sociedad toda es afectada por la impunidad, la simulación y la violencia que ejercen las instituciones.
Ante las masacres en contra de jóvenes en Villas de Salvarcar, al inicio de este año, y que son en sí mismas resultado de la errónea política de desarrollo y seguridad de las autoridades, se implementó la estrategia “Todos somos Juárez”. Así como las campañas por limpiar la imagen de Juárez, en las que se sigue afirmando que el feminicidio es un mito, en este caso es necesario reflexionar y evidenciar quienes son los sujetos incluidos la estrategia “Todos somos Juárez”.
Desde los primeros días de trabajo con la Presidencia y las autoridades, en los que quitaron la mesa de derechos humanos, no estamos incluidos en el “todos” quienes nos hemos organizado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tampoco están en el “todos” los jóvenes por quienes supuestamente se creó el plan, pues desde la primera visita del Presidente a esta ciudad fueron golpeados y amedrentados por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno al expresar su opinión. Tal como y cómo lo vivimos en los últimos meses, tampoco están los jóvenes universitarios, a quienes los agentes de seguridad pública les dispararon por la espalda ante su protesta y denuncia pacífica.
En el “todos” no están las madres de los jóvenes de Salvarcar o de horizontes del Sur, ni las familias de las mujeres desaparecidas desde 1993, ni los hijos e hijas huérfanos o desplazados, ni quienes han sido secuestrados y extorsionados en los últimos años. Tampoco están las y los periodistas asesinados, ni aquellos censurados. Tampoco estamos todas aquellas personas que levantamos la voz para exigir los derechos que nos corresponden ni aquellas personas que hacemos propuestas, desde las mujeres, para mejorar la condición de todas las personas.
Porque estos 20 años de feminicidio en Ciudad Juárez no han pasado sin propuestas y sin una intensa actividad de nuestra parte para restaurar el Estado de derecho y construir condiciones de desarrollo social y de democracia. La sentencia de Campo Algodonero es prueba de ello. Cada uno de sus resolutivos dan pautas precisas para terminar con la impunidad y la simulación que ha sostenido el feminicidio y que ahora resquebraja todos los espacios y sujetos sociales.
La simulación se sustenta en respuestas simplistas, en las que el Estado afirma reparar los daños dando acceso parcial a los derechos que de por sí nos corresponden. Simula al afirmar que quienes hacemos cualquier crítica y propuesta diferente a la suya estamos en su contra y en contra de la sociedad.
La simulación sustenta la impunidad. No sólo no investiga los oprobios contra la sociedad, sino que mantiene a los funcionarios corruptos y negligentes. La simulación y la impunidad deja inoperantes la leyes que hemos aprobado. Tenemos en nuestras leyes una Alerta de Género que no ha sido implementada para Ciudad Juárez, pero sin ningún sustento se nos impone un plan como la estrategia “Todos somos Juárez”.
Denunciamos de nueva cuenta que el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades, por un lado se aprueba leyes que le permiten aparentar ante la comunidad internacional, pues no las aplica. Y por otro lado aprueba leyes y prácticas que depredan los derechos laborales, civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía y desde ahí sostiene una política y cultura de terror que sólo beneficia a unos cuantos que se arropan en la palabra “todos”.
La gran mayoría de quienes ocupan los cargos de representación popular y que operan las instituciones que dan certeza jurídica, han dejado de representar los intereses de la sociedad. No estamos diciendo que nosotros mismos tengamos intereses idénticos, pero todos los que estamos aquí seguimos los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Todas y todos los que estamos aquí exigimos esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades para todas las personas. “Todas” nombrando la diversidad y especificidad de las personas, no un “todos” que sólo arropa a los que piensan como los que están en los cargos del Estado y del crimen organizado.
Las propuestas, mecanismos, alternativas para salir de esta guerra y de este feminicidio ya están dadas, sólo falta la voluntad efectiva de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Mientras eso sucede, es necesario decir, retomando las palabras de la Corte Interamericana, que el único responsable de la pérdida de vidas y de la guerra que se ejerce contra de la población civil es el propio Estado mexicano, que incumple sus obligaciones más básicas de preservar la vida y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres que integran su sociedad.
Imelda Marrufo Nava. / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
52+(656) 307 37 48
Cd. Juárez, Chih., Mex
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