RETROCESO LEGISLATIVO EN DERECHOS HUMANOS EN YUCATAN

Mérida, Yucatán, 16 de julio de 2009

RETROCESO LEGISLATIVO EN DERECHOS HUMANOS


El miércoles 15 de julio del presente año, el Congreso del estado de Yucatán aprobó dos iniciativas legislativas que, en términos generales, implican un retroceso en el reconocimiento y la efectividad del derecho a la no discriminación, protegido por la Constitución Federal y los principales Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado mexicano.

En el caso de la primera iniciativa, el Congreso aprobó con la mayoría del PRI, del PAN y de la diputada de la coalición “Todos somos Yucatán”( salvo la del PRD), reformas a la Constitución y al Código Civil del estado en materia de protección a la familia. Si bien la reforma aprobada eliminó la intención original de los grupos promoventes de establecer a la familia integrada por un matrimonio entre hombre, mujer e hijos como la única figura digna de protección en la ley y reconoció la existencia de familias plurales -modificación que obedeció más a la presión y exigencia de organismos de la sociedad civil dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, la diversidad sexual y hombres y mujeres en lo particular que participaron en el foro realizado en el Congreso el día 13 de julio- la reforma en cuestión mantuvo tópicos que perpetúan la discriminación que históricamente han padecido algunos colectivos, como el impedimento de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o ser reconocidas como concubinos/as, con las implicaciones sociales y económicas que eso conlleva al no poder acceder a los derechos y obligaciones que se generan por un matrimonio o un concubinato.
Estas limitantes resultan congruentes con el Art.94 que, aun en su nueva redacción, persiste en resaltar a la procreación como eje del matrimonio.

No sólo eso, sino que también, la reforma aprobada elimina la figura de la adopción simple, con lo cual hombres y mujeres solteros que deseen adoptar a un niño o una niña se verán impedidos para hacerlo. La reforma está destinada, por una parte, a insistir en la figura de la familia convencional –padre, madre e infantes- como modelo y meta social y, por otra, a los hombres y mujeres homosexuales, cuyas relaciones afectivas siguen siendo consideradas por los poderes públicos como de segunda categoría, hecho que implica una clara discriminación basada en preferencia, tópico expresamente prohibido por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales. El Poder Legislativo, en lugar de reconocer la conformación plural de la sociedad yucateca, confirma la existencia de privilegios en la aplicación y el contenido de leyes que debieran ser iguales y equitativas para todas y todos.

Más grave aún fue la aprobación de una propuesta presentada por el PRI, dictaminada en lo oscurito un día anterior a la sesión y aprobada por la mayoría de las y los diputados (salvo la diputada del PRD) para establecer en el artículo 1 de la Constitución del estado de Yucatán el derecho a la vida desde la concepción, situación que contraviene, no sólo lo establecido en los principales Tratados de Derechos Humanos en materia de equidad de género y derechos de la mujer, sino la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó, de manera clara, el derecho que tiene la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, al declarar la constitucionalidad de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación.
La forma en la que la propuesta fue presentada, la ausencia de debate público, la falta de consulta y debate ciudadano exhiben nuevamente que los partidos políticos representados en el Congreso del estado tienen una agenda totalmente ajena a la ciudadanía y cuyo objetivo es privilegiar a instituciones particulares, en este caso a la jerarquía de la Iglesia Católica en la entidad, por encima del interés común.

Ante estos eventos públicos que demuestran la negativa de las y los diputados yucatecos por avanzar en la protección y reconocimiento de la pluralidad en el estado, las organizaciones abajo firmantes esperamos una reacción congruente del Ejecutivo del estado y del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
En el primer caso, es indispensable que la gobernadora ejerza su facultad de veto para impedir que las reformas en cuestión se concreticen y entren en vigor. En caso de que el ejecutivo avale estas reformas contrarias a Derechos Humanos y éstas sean publicadas en el Diario Oficial del estado, demandamos al Presidente de la Codhey que haga uso de su facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se argumente la inconstitucionalidad de estas reformas y el impacto que las mismas tienen en materia de Derechos Humanos.

Resulta lamentable que el Congreso del estado base su actividad legislativa en lineamientos procedentes de cualquier religión. Resulta por demás grave que en un estado laico las decisiones se fundamenten en posiciones que implican un retroceso en materia de Derechos Humanos, que perpetúan situaciones y condiciones de inequidad, desigualdad, exclusión y discriminación. Mientras en otras entidades del país y del mundo se dan avances progresivos y palpables en la defensa y protección de los derechos de la diversidad y de las mujeres, en Yucatán se retrocede sin escrúpulo alguno.