Consenso de Brasilia

¿Qué Estado, para qué Igualdad?
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)

La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.

El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.

Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.

La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.

Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.

Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.

La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.

Marta Lamas y el caso Q.Roo

Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010

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